A proceso por presunta delincuencia organizada, los 8 militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa

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Los 8 militares que fueron reaprehendidos por el caso Ayotzinapa fueron vinculados a proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.

Así lo confirmó a Diario 24 Horas César Omar González, uno de los abogados que defienden a los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que además de ser acusados de desaparición forzada, ahora se les señala de presuntamente recibir pagos del narcotráfico a cambio de protección en la época de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

“Lamentablemente y preocupantemente sí (la vinculación a proceso). Estamos por analizar la resolución y decidir. Pero desde luego la atacaremos”.

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La tarde de este miércoles, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó la formal prisión en contra de los efectivos de Sedena que hace menos de 10 días obtuvieron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad condicional por la acusación de desaparición forzada.

Ahora tras vencer el plazo de 172 horas que dio a la defensa para combatir la detención, la juzgadora consideró suficientes los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los uniformados, acusados por los testigos protegidos “Carla” y “Neto” de presuntamente recibir sobornos del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Por lo anterior, los efectivos seguirán recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A.

Apenas ayer el equipo de defensa de los soldados acusaron que la nueva detención de sus defendidos es “una marranada”.

“Un coletazo con fines políticos electoreros y (…) el agente del Ministerio Público encargado de elaborar esta marranada, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación del caso Ayotzinapa presentaría hoy sus testigos estrella (…) pero no se presentaron”.

Los abogados de los militares implicados en la desaparición forzada de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre señalaron que en 2023 se negó su detención por presunta delincuencia organizada porque no existían los elementos suficientes para ello pero en esta ocasión, la juzgadora encargada del proceso las otorgó.

Por ello, cuestionaron al presidente López Obrador si cuando le conviene se aceptan las declaraciones de testigos protegidos, como en este caso -“Carla” y “Neto”, asesinos confesos y exmiembros de “Guerreros Unidos”- pero cuando es en contra del Gobierno, entonces los desestima.

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“Es hasta que nosotros logramos el cambio de medida cautelar que la Fiscalía abruptamente cita a declarar a estos testigos protegidos, sin decir fechas, nombres ni lugares , se limitan a decir, como siempre lo hace la Fiscalía, los guachos, los verdes, los militares (…) son declaraciones vagas en consecuencia del cambio de medida cautelar”.

LEO

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