Acusan que persiste impunidad por asesinato de sacerdotes jesuitas

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A dos años del asesinato de los sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, así como del guía de turistas Pedro Palma, en Cerocahui, Chihuahua, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Ernesto López Portillo, lamentó la impunidad que prevalece en el caso.

Explicó que en México se vive un “desgarramiento civilizatorio”; es decir, una “crisis humanitaria en donde las víctimas se amontonan y por día se reportan al menos 20 desapariciones”, lo que lleva a un punto en que la ciudadanía normaliza la violencia, incluso la homicida, por “saturación, tolerancia e incluso impunidad”.

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De acuerdo con un comunicado, detalló que se suma el paso del tiempo que contribuye al olvido. “El tiempo, más la suma de casos de violencia, nos tiene saturados como sociedad. Uno está viendo apenas un escándalo y no termina de verlo cuando ya hay otro, lo cual antes era excepcional”.

Para el jurista, resulta importante continuar visibilizando el asesinato de los dos religiosos, debido a su carga simbólica.

“La vida de toda persona tiene el mismo valor intrínseco; sin embargo, los dos jesuitas representaban un esfuerzo de esperanza, así como un refugio para su comunidad, una especie de reserva moral”.

Los padres Joaquín Mora, de 80 años, y Javier Campos, de 79 años, dedicaron más de 50 años de sus vidas a dar servicio en la comunidad rarámuri. Fueron asesinados –junto con el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma–, dentro de la iglesia de Cerocahui, Urique, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, el 20 de junio de 2022.

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Atacar a personas que representan algo que va más allá del compromiso personal, que tienen un compromiso a favor de colectivos implica “un daño mucho mayor”. Y olvidarlo representa un costo más grande para la sociedad, “no solamente para los jesuitas, ni para las personas afectadas por su ausencia en la comunidad de Cerocahui, sino para toda la sociedad”, de acuerdo con López Portillo. La gravedad radica en que, con muertes de este tipo, se “pierden liderazgos a favor de la paz”.

El jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Urique, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, fue señalado como presunto responsable del asesinato de los dos sacerdotes y encontrado muerto el 21 de marzo de 2023, en Choix, Sinaloa.

Tras su deceso, no existen fuentes oficiales públicas que informen sobre qué pasó después en el caso. El seguimiento procesal de hechos como estos casi nadie lo hace, lamentó el investigador.

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Resaltó que el panorama de un cambio con la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum es el mismo, en su opinión, hasta que no crezca una exigencia de justicia. “Si la tracción social no se enciende para hacer una condena masiva, sistemática e intensa”, todo va a quedar sólo en promesas políticas.

El académico López Portillo explicó el asesinato de los dos jesuitas en el contexto de un país con un alza importante de violencia, con un sistema penal colapsado, como es México, en el que el costo de homicidio es “bajísimo” porque “casi es imposible que seas condenado por un homicidio intencional”.

El tema que le preocupa es que, en un futuro, explote el hartazgo social y político y no se siga ya una vía del estado democrático de derecho, sino un autoritarismo severo con respaldo social, en el que se elimine la presunción de inocencia o la Constitución para reducir el índice delictivo, como el caso de El Salvador con el presidente Nayib Bukele, donde se saturaron las megacárceles.

AC/dg

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