La primera lectura de los resultados electorales de las elecciones generales del pasado 2 de junio puede caer en el territorio irresponsable de suponer la entrega de un cheque en blanco a los gobernantes que ganaron la mayoría.

Tienen razón los que critican a la sociedad por haber votado a favor de un gobierno que ha tenido malas cifras en materia de seguridad, aunque reconocimientos en la reorganización de las estructuras policiacas que habían quedado deterioradas en el 2018.

Pero mal harían los funcionarios revalidados si supusieran que la sociedad votó por la continuidad de la falta de operatividad de la estrategia de seguridad. El Gobierno federal perdió la batalla mediática y dejó que prevaleciera el reduccionismo en materia de seguridad al concepto de “abrazos, no balazos”, porque abajo de la violencia delictiva existe un poder criminal que viene desde mediados del siglo pasado y que está demostrando capacidad de confrontación con las fuerzas federales del Estado.

Si los que ganaron las posiciones más importantes suponen que el pueblo está contento con las cifras de inseguridad, entonces el país estaría metido en un grave problema que ha permitido la existencia y consolidación de poder político-territorial del crimen organizado, abandonando a las sociedades locales a manos de los intereses delictivos.

La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo está obligada a una revisión y ajuste de la estrategia de seguridad del Presidente López Obrador y tiene a su favor la existencia de una estructura de seguridad que gira en torno de la poderosa Guardia Nacional y del apoyo legal e institucional de las Fuerzas Armadas contra las bandas criminales.

La nueva administración debe salirse del falso dilema de abrazos, no balazos, y construir una nueva estrategia para combatir la estructura de poder criminal-económico-político-territorial de las bandas delictivas.

 

Zona Zero

Si bien la sociedad mexicana no condicionó su voto al tema de seguridad, también es de reconocer que tampoco significó un aval a la continuidad de la actual estrategia de seguridad, sino que su apoyo electoral fue a todo un proyecto que implicaría, en materia delictiva, una reorganización de estrategia para cumplir el compromiso de recuperar la soberanía del Estado nacional en territorios que el crimen organizado se ha asentado con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno. El país espera una estrategia activa para combatir la inseguridad.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh

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