Con Plan C se reiniciarán 1.5 millones de juicios

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La instrumentación de la reforma judicial, conocida como Plan C, implicaría la reposición de al menos 1.5 millones de juicios penales que actualmente están en curso, de acuerdo a un análisis del Poder Judicial.

Un documento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indica que la reforma implica la sustitución de mil 668 jueces y magistrados federales en un solo proceso, por lo que miles de juicios quedarían paralizados.

El análisis realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN señala que los precedentes internacionales y de la propia Corte apuntan que la sustitución de un juez conlleva la reposición de los juicios que estén en curso, para salvaguardar los derechos y seguridad jurídica tanto de los acusados como los denunciantes.

El documento Problemas Asociados a la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial considera que sin un plan de instrumentación gradual se incentivaría un grave rezago en la resolución de casos.

El análisis de la SCJN detalla una incongruencia en la propuesta de reforma y su posible instrumentación, pues la sustitución de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina contempla sanciones para los juzgadores que no resuelvan los casos en seis meses.

Sin embargo, esa propuesta es inviable, pues de entrada, quienes lleguen a los juzgados y tribunales, por principios de seguridad jurídica, tendrían que reponer los juicios que haya en curso, los cuales se estiman que llegarían a 1.5 millones tan solo del ámbito federal.

Lo mismo se replicaría a nivel local, pues la elección de más de 4 mil jueces y magistrados estatales derivaría en la reposición de un número indeterminado de juicios.

“De darse la sustitución inmediata de las personas juzgadoras, éstas necesitarán tiempo para conocer los detalles de los casos que ya se encuentran en trámite y desarrollar capacidades técnicas para la adecuada gestión del despacho judicial”, indica el análisis.

El documento resalta que “cada una de las más de mil 500 personas juzgadoras federales resuelve, en promedio, 19 casos semanales. Es muy probable que la falta de competencias técnicas de las nuevas personas juzgadoras y la necesidad de capacitarse implique retrasos en la solución de los casos que ya se encuentren en trámite, cerca de 1.5 millones de litigios federales en el país”.

A su vez, “aunque la reforma plantee la obligación de resolver los asuntos en un máximo de seis meses, cumplirla sería inviable si la judicatura no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo, lo que llevaría a un importante rezago en la impartición de justicia o a la necesidad de que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sancione a las juzgadoras y juzgadores electos por su falta de experiencia”.

La Suprema Corte ha establecido que “el cambio de un juez o jueza dentro de una misma etapa procesal conlleva la reposición del procedimiento, por ello, la sustitución de juzgadores penales puede derivar en el reinicio de los procesos penales vigentes y consecuentemente en un retraso severo en su conclusión”.

Otra de las alertas de la reposición de juicios, derivado del ingreso de nuevos juzgadores, sería que “ciertas pruebas pierdan calidad o validez por el paso del tiempo, lo que a su vez podría llevar a que la sentencia que se dicte en el juicio oral no cuente con la información suficiente y adecuada para resolver el caso”.

Para la Corte, “el abrupto cambio de toda la Judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las víctimas e imputados”.

El estudio concluye que “de un día para otro habrá nuevos juzgadores penales a cargo de procesos penales orales ya iniciados; las nuevas personas juzgadoras deberán conducir audiencias orales, sin experiencia previa, e interactuar con fiscales y abogados y abogadas defensoras expertos, en casos que no conocerán a profundidad. Esto se replicará posteriormente en los poderes judiciales locales de las entidades federativas”. 

 

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