Demagogia en seguridad

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Los candidatos presidenciales están jugando de manera irresponsable con las expectativas y preocupaciones de la sociedad en materia de seguridad pública. Hasta ahora, sólo se han visto propuestas que buscan el voto de los ciudadanos, pero ninguna de ellas se ha preocupado por explicar o diagnosticar las razones de la inseguridad y la violencia.

Se critican los abrazos y no balazos, pero no se reconoce que la única alternativa a ese modelo es la de volver a lanzar una guerra brutal contra cárteles del crimen organizado que hoy tienen más recursos económicos, más personal a su servicio, más armas enviadas desde Estados Unidos y más funcionarios a su servicio.

En síntesis, la crisis de seguridad comenzó en 1982, cuando ocurrió el relevo en la élite gobernante pasando de los políticos que controlaban de manera directa a los delincuentes a los tecnócratas que no entendieron la lógica de la seguridad de interior.

Luego vino la decisión irresponsable del presidente Calderón de declarar una guerra a la delincuencia sin estar preparado para la capacidad de respuesta ni tener los controles sobre los grupos delictivos que habían nacido al amparo del poder político.

El presidente López Obrador anunció acciones sobre las causas, pero dejó sueltos los efectos de una inseguridad que estaba bajo control criminal por la captura delictiva de las estructuras municipales y estatales de seguridad y contuvo la acción operativa de la Guardia Nacional para evitar una nueva fase de guerra violenta entre policías y delincuentes.

Ninguno de los tres candidatos presidenciales parece entender la lógica de la seguridad/inseguridad y ninguno parece comprender que no habrá estrategia viable si no se legisla sobre el nuevo concepto o paradigma de la violencia criminal: la seguridad de Interior.

 

Zona Zero

Un dato oficial debiera preocupar a los candidatos: de 1990 a 2023, México ha registrado una acumulación de homicidios dolosos que contabiliza la nada despreciable cifra de 700 mil mexicanos fallecidos en actos de violencia. Las políticas de seguridad y las propuestas de los candidatos son reactivas, pero no reconfiguran las políticas de seguridad y carecen de un diagnóstico razonable sobre la existencia actual de una estructura delictiva y criminal que le disputa la hegemonía al Estado.

 

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