Como parte de la lógica especulativa de la política mexicana, el tema de la seguridad está siendo enfocado con una distorsión de origen: más importante que los nombres de titulares de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina, la sociedad debiera estar interesada en la definición de la estrategia de seguridad de la próxima administración presidencial.

Los titulares de esas tres dependencias de la estructura de seguridad del Estado serán los encargados de desarrollar las políticas públicas para atender el grandísimo y latente problema de seguridad que se puede enfocar desde el punto de que el sexenio dejará una marca de 200,000 homicidios dolosos.

Y allí está otra vez el mismo problema de distorsión analítica: la atención al efecto comunicacional de los números, sin indagar las razones que han provocado esas cifras, ni ponerle atención a la relación Estado-delincuencia-estabilidad social que está detrás de las numeralias de inseguridad.

El gobierno del presidente López Obrador creó la estructura de la Guardia Nacional y ordenó la participación de las Fuerzas Armadas regulares en acciones de apoyo a labores de seguridad interior, es decir, de actividades delictivas que van más allá de la afectación de la propiedad de los particulares y que han generado la captura criminal de territorios, estructuras y partes importantes de la sociedad y del Estado.

La estrategia de seguridad pública del Gobierno que termina su ciclo sexenal se basó en la atención a las causas que habían identificado como detonadoras del incremento de la actividad delictiva, pero no hubo el complemento con acciones operativas que desmantelaran la existencia misma de organizaciones criminales. Lo primero que se ve en el corto plazo es que la administración de la presidenta Sheinbaum tendrá que definir estrategias políticas operativas para desmantelar bandas delictivas.

 

Zona Zero

La estrategia de seguridad del Gobierno lopezobradorista pecó de centralismo federal, porque definió criterios de atención a la problemática a nivel de la República, pero no pudo crear condiciones ni programas concretos para fortalecer las estructuras estatales y municipales donde ocurren justamente los delitos. La capacidad operativa de la Guardia Nacional será menor si no se toma la decisión de destinar recursos presupuestales para fortalecer en serio a las policías municipales y estatales y si no se integran los programas locales de seguridad con la estrategia nacional.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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