Reforma plantea despido de 320 consejeros y magistrados

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El presidente López Obrador propone la destitución de más de 320 consejeros electorales y magistrados electorales de las 32 entidades.

La reforma electoral plantea que el 8 de junio de 2025 se realicen elecciones para consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De aprobarse dichos cambios, que requieren modificar la Constitución, el 1 de septiembre del próximo año se extinguiría el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y su Consejo General, con 11 integrantes, será disuelto tras la toma de protesta de los consejeros elegidos mediante voto popular.

La propuesta del Presidente señala que al momento de la toma del nacimiento del INEC, en automático, se disolverán los 32 Organismos Públicos Locales Electorales.

Los Oples se crearon en la reforma electoral de 2014 y están integrados por un presidente y seis consejeros cada uno; es decir, que los cambios planteados por el Presidente implicarían la destitución de 224 funcionarios que se encargan de organizar las elecciones en los estados.

Además de su extinción, la reforma considera que los recursos financieros y materiales de los 32 órganos electorales locales se transferirán al INEC, aunque no se aclara el mecanismo por el que se podría concretar, pues se trata de bienes estatales y el nuevo INE sería un órgano autónomo federal.

“Se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a cada uno de dichos organismos, las que, de formar parte del Servicio Profesional Electoral, podrán ser transferidas al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”.

Aunque no lo aclara, lo anterior significa la liquidación de los consejeros electorales y de miles de empleados de los Oples que no están en el Servicio Profesional y no podrían ser transferidos al INEC.

La propuesta de reforma no contiene datos de la erogación para liquidar a los más de 200 consejeros electorales y el cúmulo de funcionarios que serán despedidos de los órganos locales; tampoco indica si los estados deberán aportar ese dinero.

Actualmente las tareas de los órganos locales de elecciones son el registro de candidatos a gubernaturas, diputados locales, alcaldes y regidores, así como operar los programas de resultados electorales de las entidades y el escrutinio y cómputo de los comicios.

Mientras que el INE tiene a su cargo las principales acciones de organización electoral, como la fiscalización de candidatos estatales y municipales, así como la instalación de casillas para todos los cargos y la capacitación de los ciudadanos que acepten participar en el conteo de votos durante la jornada electoral.

Los Organismos Públicos Locales Electorales, que busca desaparecer la reforma electoral, tienen un presupuesto este año por 21 mil 643 millones de pesos.

Otro de los puntos es la disolución de los 32 tribunales locales electorales, tras la toma de protesta de los magistrados, elegidos por voto popular, del Tribunal Electoral federal, en septiembre próximo.

Dichos tribunales están integrados por un mínimo de tres magistrados cada uno; es decir, al menos 96 integrantes de ese órgano serán destituidos.

Esos 32 organismos tienen un presupuesto este año de 2 mil 417 millones de pesos, aunque solo son una instancia intermedia, pues el TEPJF es la última instancia de resolución en materia electoral y cualquier candidato, partido, ciudadano u otro tiene derecho a impugnar ante la Sala Superior. 

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